Un nuevo escándalo político ha puesto en aprietos al oficialismo hondureño. El asesor presidencial Federico Duval admitió públicamente que recursos de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) fueron utilizados de forma indebida para apoyar la campaña de Rixi Moncada, precandidata presidencial del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Durante una entrevista radial, Duval señaló que el desvío de fondos fue responsabilidad directa del exministro de Sedesol, José Carlos Cardona, quien ya fue separado del cargo. "Fue un error del exministro, ya no está en funciones", expresó Duval, tratando de desligar a la presidencia del hecho.

Las declaraciones han generado una tormenta política, especialmente porque Moncada es una de las figuras clave del oficialismo de cara a las elecciones de noviembre. Aunque el caso ha generado indignación, el excanciller Enrique Reina, quien acompaña a Moncada en la fórmula presidencial, defendió a su compañera política asegurando que ella no está siendo investigada y que no ha utilizado fondos estatales en su campaña.

“No hay fondos públicos usados por Rixi Moncada ni por el Partido Libre. El que lo haya hecho, ya ha sido separado. La candidata no tiene ninguna relación con eso”, aseguró Reina.

El caso salió a la luz luego de que, a inicios de junio, circulara un video donde se observaba a la diputada de Libre, Isis Cuéllar, junto al exministro Cardona, discutiendo transferencias de fondos públicos hacia estructuras del partido en el departamento de Copán. Como respuesta, Cuéllar fue suspendida temporalmente de su militancia partidaria, aunque sigue ejerciendo como diputada en el Congreso Nacional.

La misma Moncada reaccionó a través de redes sociales para desmarcarse del escándalo, exigiendo una investigación exhaustiva. “Ni un solo acto sospechoso de corrupción voy a tolerar ni encubrir”, publicó en su cuenta de X (antes Twitter), solicitando al Ministerio Público que investigue a fondo sin excepciones.

En tanto, organismos de sociedad civil y sectores empresariales han comenzado a exigir transparencia y la aplicación de sanciones ejemplares, al considerar que el uso de fondos sociales con fines electorales constituye una grave falta ética y legal.

El Ministerio Público, por su parte, mantiene abierta una investigación sobre posibles delitos de corrupción y abuso de autoridad. Sin embargo, hasta el momento no ha emitido requerimientos fiscales formales contra funcionarios de alto rango.

El escándalo ha reavivado el debate sobre el uso político de los programas sociales y la necesidad urgente de establecer controles más estrictos en el año electoral. También se suma a una creciente percepción de desconfianza hacia las instituciones y el manejo de recursos públicos.

Mientras tanto, la campaña electoral continúa su marcha, pero bajo la sombra de un caso que podría marcar el tono del debate político en los próximos meses.