Ana Paola Hall, consejera propietaria del Consejo Nacional Electoral (CNE), anunció este martes a través de un extenso comunicado en la red social X (antes Twitter) que ha decidido poner su cargo a disposición, argumentando una profunda crisis institucional dentro del ente electoral y un ambiente político cada vez más polarizado.

Hall expresó que, tras casi seis años de servicio, se va "con la frente en alto y la conciencia en paz", asegurando haber hecho lo humanamente posible para defender la integridad del proceso electoral en Honduras.

Recordó que el CNE fue fundado con la misión de abrir una nueva página en la historia democrática del país y destacó que, pese a la pandemia y a los obstáculos del gobierno anterior, se logró ejecutar “el proceso más limpio de la historia hondureña” en 2021.

Sin embargo, Hall lamentó que el órgano colegiado, que entonces era fuerte y confiable, hoy se encuentra fracturado, y denunció que se están tomando decisiones bajo un “2 a 0” en alusión a la mayoría de dos consejeros contra uno que viola el quórum legal establecido en la Ley Electoral. Asegura que tales acciones, además de nulas, ponen en riesgo la credibilidad del sistema electoral y podrían tener consecuencias penales para quienes participen en ellas.

“¿Acaso es sostenible seguir pensando que un 2 a 0 durante más de cuatro meses es la salida?”, se preguntó Hall, subrayando que no está dispuesta a legitimar decisiones que considera viciadas y que podrían desencadenar una crisis social o incluso violencia.

“No podría ver a los ojos a mis hijos sabiendo que hay sangre en mis manos”, declaró en una de las frases más contundentes de su comunicado.

Hall también denunció constantes actos de irrespeto y presiones públicas de distintos sectores políticos, pero reafirmó que no está dispuesta a traspasar los límites de sus principios y valores. Con su renuncia, el CNE queda aún más debilitado en un momento clave para el calendario electoral.

La decisión de Hall abre la puerta a una nueva fase de incertidumbre institucional, mientras se inicia el proceso legal para su sustitución y se intensifica el debate sobre la legitimidad de las decisiones actuales del organismo electoral.