Amnistía Internacional (AI) denunció en su informe anual que las violaciones a los derechos humanos han continuado en Honduras, incluso durante el estado de excepción instaurado desde diciembre de 2022. El organismo expresó preocupación por la persistente militarización de la seguridad pública y las condiciones carcelarias, así como por la falta de protección a defensores de derechos humanos y medioambientales.

Según AI, durante el estado de excepción que el Gobierno prorrogó parcialmente a pesar de los señalamientos de organizaciones internacionales se mantuvieron prácticas que vulneran garantías fundamentales, mientras que nuevas medidas antiterroristas fueron calificadas como desproporcionadas. Las cárceles siguen enfrentando hacinamiento y militarización, con condiciones que expertos de la ONU consideran como tratos crueles, inhumanos y degradantes.

El informe también denuncia que Honduras fue el país más letal del mundo para defensores de la tierra y el medio ambiente en 2023, según datos de Global Witness. Estos activistas enfrentaron intimidaciones, estigmatización, detenciones arbitrarias y ataques impunes, especialmente en disputas territoriales y conflictos por megaproyectos extractivos que afectan a comunidades indígenas y afrodescendientes, como los garífunas.

AI recordó el asesinato en septiembre de Juan López, del Comité Municipal para la Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa, como un caso emblemático de esta violencia. A pesar de la ratificación en noviembre de las condenas por el asesinato de la defensora indígena Berta Cáceres en 2016, la organización sostiene que persisten obstáculos para el acceso a la justicia.

Además, AI lamenta la inacción en temas clave de derechos civiles. La Comisión Internacional contra la Corrupción y la Impunidad, prometida por la presidenta Xiomara Castro con apoyo de la ONU al iniciar su mandato, aún no ha sido establecida. La prohibición absoluta del aborto, incluso en casos de violación, sigue vigente, al igual que el impedimento al matrimonio entre personas del mismo sexo y la falta de reconocimiento legal de la identidad de género.

El informe también destaca cómo el cambio climático particularmente la sequía prolongada en el Corredor Seco ha agravado la inseguridad alimentaria y forzado la migración, impactando desproporcionadamente a las poblaciones más vulnerables.

Amnistía reconoce algunos avances del gobierno, como el reconocimiento de la responsabilidad estatal en la represión a movimientos sociales durante décadas anteriores, pero concluye que estos pasos son insuficientes frente a un panorama estructural de impunidad, exclusión y violencia.