Las recientes declaraciones del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras (FFAA), general Roosevelt Hernández, han provocado una fuerte reacción de organizaciones democráticas y de la sociedad civil, que expresaron su profunda preocupación por un posible desvío institucional. En una entrevista brindada a UNEtv, Hernández afirmó que las Fuerzas Armadas son “un instrumento del poder político” y que están subordinadas a la ejecución de las políticas públicas del gobierno en turno.

Ante estas afirmaciones, diversas organizaciones como Defensores de Honduras, la Reserva Militar Nacional, el Consejo Patriótico de la Sociedad Civil, y otras agrupaciones democráticas emitieron un comunicado conjunto en el que advierten que reducir a las FFAA a un simple instrumento del poder político pone en grave riesgo la democracia, el equilibrio de poderes y la soberanía popular.

El comunicado recuerda que, según el artículo 272 de la Constitución de la República, las Fuerzas Armadas deben ser una institución profesional, permanente, apolítica, obediente y no deliberante, cuyo deber es defender la soberanía, el orden constitucional y el Estado de Derecho.

Las organizaciones firmantes señalan que cualquier subordinación militar a partidos políticos o ideologías constituye una violación directa al mandato constitucional y podría configurar delitos como abuso de autoridad, prevaricación militar, sedición e incluso traición a la patria, conforme al Código Penal hondureño.

En su mensaje, hacen un llamado a la cadena de mando militar, incluidos oficiales subalternos, a mantenerse leales a la Constitución y al pueblo hondureño, y no a personas o proyectos partidarios. Reiteran que solo el respeto al orden legal puede garantizar la institucionalidad, la paz y la democracia en el país.

La polémica surge en un contexto de creciente tensión política e institucional, y revive los temores de una posible militarización de funciones civiles o manipulación de la institución castrense con fines políticos de cara a futuros procesos electorales.