Recientes declaraciones de políticos y analistas estadounidenses han puesto en el centro de la atención internacional al gobierno de Honduras, encabezado por la presidenta Xiomara Castro.

Las críticas se enfocan en supuestas irregularidades electorales, posibles vínculos con el tráfico de drogas y el uso de instituciones estatales para influir en procesos políticos.

El consultor político Roger Stone y la congresista María Elvira Salazar han señalado que la administración de Castro y su partido, LIBRE, podría utilizar estructuras gubernamentales para presionar a organismos electorales y mantener el control político de cara a las elecciones de noviembre.

Según estas voces, la secretaria de Defensa Nacional y candidata presidencial Rixi Moncada, al supervisar simultáneamente el proceso electoral, genera un conflicto de intereses que podría afectar la imparcialidad de los comicios.

Se han citado además incidentes durante las elecciones primarias del 9 de marzo, en los que algunos centros de votación habrían recibido material incompleto, lo que provocó retrasos y confusión entre los votantes. Reportes locales sugieren que solo 10 de 152 centros contaron con los insumos necesarios a tiempo, generando señalamientos sobre posibles manipulaciones del proceso.

El gobierno hondureño, por su parte, ha rechazado las acusaciones de complicidad con el narcotráfico y ha expresado su respaldo a la autodeterminación y soberanía del país. En un comunicado oficial, la presidenta Castro manifestó solidaridad con el pueblo venezolano y reafirmó el respeto de Honduras al derecho internacional, rechazando cualquier acusación que considere infundada.

Analistas advierten que la tensión política, combinada con denuncias sobre el flujo de drogas y migración hacia Estados Unidos, coloca a Honduras en un escenario de vigilancia internacional. La discusión sobre la integridad electoral y la posible influencia de actores internos y externos será clave de cara a los próximos comicios, en los que el partido en el poder buscará mantener su posición.

Mientras tanto, voces políticas estadounidenses piden al gobierno de Estados Unidos evaluar la situación y mantener presión diplomática para garantizar procesos democráticos transparentes y respetuosos de la voluntad popular.

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