Este domingo, un juez ordenó la formalización del procesamiento y el arresto domiciliario contra Romeo Vásquez Velásquez, exjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Honduras, y otros dos generales, acusados ​​de homicidio en perjuicio de Isy Obed Murillo, quien fue asesinado durante una manifestación en Tegucigalpa en 2009, en el contexto del golpe de Estado que derrocó al presidente Manuel Zelaya.

A pesar de respetar la decisión judicial, Percy Elvir, abogado defensor de los imputados, expresó su desacuerdo, alegando que la prueba presentada por el Ministerio Público no era concluyente. Según Elvir, a 15 años del suceso, no existe evidencia que permita identificar con certeza al autor material del disparo que provocó la muerte de Murillo.

El abogado subrayó que, aunque el juez dictó medidas cautelares de arresto domiciliario, considera que la acusación carece de fundamento sólido, ya que el caso no ha podido esclarecer de manera fehaciente la responsabilidad de los generales involucrados.

En una entrevista con Radio América, Elvir agregó que el proceso del Ministerio Público adolece de deficiencias y que la investigación está basada en circunstancias históricas sin pruebas directas que vinculan a los acusados ​​con el crimen. Además, remarcó que los dictámenes periciales no han sido concluyentes, lo que, en su opinión, debería haber llevado al sobreseimiento definitivo del caso.

Por su parte, Luis Ramírez, otro de los abogados defensores, insistió en que las pericias presentadas por el Ministerio Público son contradictorias, lo que genera dudas sobre la veracidad de las acusaciones. Jair López, defensor de Carlos Puerto, uno de los procesados ​​generales, también destacó que no se ha demostrado que su cliente haya emitido alguna orden de violencia, ya que las fuerzas bajo su mando tenían la misión de proteger a la población civil, no de usar la fuerza de manera indiscriminada.

Marvin Vásquez Teruel, sobrino de Romeo Vásquez, y María Fernanda Vásquez, hija del exjefe de las Fuerzas Armadas, manifestaron su descontento con la resolución judicial, pero reafirmaron su compromiso con la defensa de la justicia y la búsqueda de la verdad en el caso.

A pesar de la determinación judicial, los abogados de los acusados ​​planean presentar un recurso de apelación, mientras la familia de Isy Obed Murillo sigue esperando que se haga justicia por la muerte de su ser querido, en un caso que continúa siendo un símbolo de la polarización política y social que marcó la historia reciente de Honduras.