Transportistas amenazan con aumentar tarifa: exigen pago del subsidio pendiente
A primeras horas de este día, los dirigentes del sector transporte tienen previsto acudir a Casa Presidencial en busca de una reunión directa con la presidenta Xiomara Castro. Cálix enfatizó que la decisión final recaerá en la mandataria: "Será ella quien decidirá cómo iniciará este 2025. Si no se paga el subsidio, se procederá al cobro de la tarifa real".
8 de enero de 2025
Los transportistas hondureños han reiterado su advertencia de comenzar a cobrar la tarifa completa del servicio urbano debido al incumplimiento del Gobierno en el pago del subsidio acordado. La deuda asciende a 450 millones de lempiras, correspondiente a los meses desde julio de 2024.
Actualmente, el pasaje en el transporte urbano tiene un costo subsidiado de 13 lempiras, mientras que la tarifa real es de 16 lempiras. Según Wilmer Cálix, dirigente del transporte urbano, este subsidio beneficia a dos millones de usuarios en cuatro ciudades del país, y fue establecido como parte de un acuerdo firmado con la presidenta Xiomara Castro.
“El Gobierno decidió subsidiar a la población, pero no ha cumplido con el pago desde hace meses. Si no se cancela la deuda, los transportistas no tendrán otra opción más que cobrar la tarifa completa", afirmó Cálix.
A primeras horas de este día, los dirigentes del sector transporte tienen previsto acudir a Casa Presidencial en busca de una reunión directa con la presidenta Xiomara Castro. Cálix enfatizó que la decisión final recaerá en la mandataria: "Será ella quien decidirá cómo iniciará este 2025. Si no se paga el subsidio, se procederá al cobro de la tarifa real".
De no solucionarse el conflicto, los usuarios del transporte urbano deberán pagar los 16 lempiras completos, lo que podría generar un impacto significativo en el presupuesto de millones de personas que dependen de este servicio para su movilidad diaria.
El subsidio fue implementado por el Gobierno como una medida para mitigar el impacto económico del aumento del costo del transporte en la población, particularmente en sectores más vulnerables. Sin embargo, los transportistas han denunciado reiteradamente la falta de cumplimiento por parte de las autoridades, generando tensiones y amenazas de huelgas en el sector.
La situación refleja un desafío para la administración gubernamental en la búsqueda de soluciones que equilibren las necesidades del transporte público y la capacidad económica de los ciudadanos.
