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El anteproyecto del Presupuesto General de la República (PGR), aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 9 de septiembre, enfrenta un futuro incierto. Aún no ha sido incluido en la agenda del Congreso Nacional, ni cuenta con el consenso necesario para su aprobación, situación que podría complicar la planificación y ejecución de políticas públicas en 2025.

El PGR, que asciende a 430,980 millones de lempiras, un incremento del 5.8 % respecto al año 2024, ha sido rechazado inicialmente por las principales fuerzas opositoras. La bancada del Partido Nacional ha anunciado su voto en contra, según declaró el diputado Antonio Rivera Callejas: “El Partido Nacional votará en contra del Presupuesto General y se abstendrá de votar en las adendas energéticas”. Mientras tanto, el Partido Liberal ha condicionado su apoyo a la incorporación de enmiendas propuestas previamente.

Valeska Valenzuela, diputada liberal, manifestó: “Por ahora no apoyaremos la aprobación del Presupuesto General de la República”. Además, destacó que este anteproyecto ni siquiera se encuentra en la agenda legislativa, lo que retrasa cualquier debate significativo.

De no aprobarse el Presupuesto General de 2025 antes del cierre del año legislativo, el gobierno tendría que operar con el mismo presupuesto aprobado para 2024. Aunque esta medida no es inusual, se vuelve problemática en un año electoral, ya que limita la capacidad de adaptación a las demandas políticas y sociales propias de ese contexto.

El anteproyecto incluye una asignación de 67,319 millones de lempiras para el pago de la deuda pública, lo que representa un aumento de 12,000 millones en comparación al presupuesto de 2024. Más del 60 % de los fondos provendrán de recaudación fiscal, mientras que el resto dependerá de financiamiento.

Un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ) alerta sobre la baja ejecución del presupuesto, que al cierre de 2023 se mantuvo en un preocupante 35 %. Lilliam Rivera, directora de gobernanza económica de la ASJ, subrayó que este problema afecta directamente a la población: “Los bienes y servicios planificados no llegan o lo hacen de forma tardía”.

Este escenario resalta la necesidad de mejorar los niveles de ejecución para garantizar que los fondos asignados tengan el impacto esperado en áreas clave como infraestructura, educación y salud.

Honduras cuenta con el presupuesto más grande de la región, equivalente al 47 % de su Producto Interno Bruto (PIB), según la ASJ. Esto contrasta con países como Guatemala (15 %) y Costa Rica (26 %). Sin embargo, el desafío no radica solo en su tamaño, sino en la efectividad de su uso y la capacidad de adaptarlo a las prioridades nacionales.

Se espera que el Congreso Nacional inicie las discusiones sobre el presupuesto en los próximos días, con la meta de aprobarlo antes del receso de fin de año. No obstante, el camino hacia un acuerdo será complicado si las fuerzas políticas no logran superar sus diferencias y garantizar que el presupuesto refleje las necesidades del país en un año crucial.