Trump planea imponer registro obligatorio para migrantes indocumentados en EE.UU
26 de febrero de 2025
El expresidente Donald Trump ha anunciado un nuevo plan que obligaría a los migrantes indocumentados a inscribirse en un registro oficial y proporcionar sus huellas dactilares.
La medida, de concretarse, podría exponer a millones de personas a sanciones legales y facilitar su deportación.
Según el comunicado emitido este martes por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), quienes no se inscriban en el registro podrían enfrentar multas y penas de cárcel, endureciendo su situación migratoria, que actualmente es considerada un delito civil.
La estrategia tiene como objetivo presionar a los migrantes a abandonar el país voluntariamente.
La administración Trump ha dejado claro que el propósito de la medida es forzar la salida de los indocumentados antes de que se implementen deportaciones masivas. "El presidente Trump y la secretaria (de Seguridad Nacional, Kristi) Noem tienen un mensaje claro para quienes están en nuestro país ilegalmente: Márchense ahora", declaró la portavoz del DHS, Tricia McLaughlin. "Si se van ahora, podrían tener la oportunidad de regresar y disfrutar de nuestra libertad y vivir el sueño americano", agregó.
El plan también establece que los padres indocumentados deberán inscribir en el registro a sus hijos mayores de 14 años. Sin embargo, expertos consideran improbable que la comunidad migrante se acoja a esta política, dada la promesa de Trump de ejecutar deportaciones masivas que podrían afectar a más de 11 millones de personas.
El fundamento jurídico de la medida se encuentra en una ley poco utilizada desde la Segunda Guerra Mundial, la cual establecía el registro obligatorio de los migrantes indocumentados en territorio estadounidense.
No obstante, la implementación de esta norma enfrentará grandes desafíos legales y operativos, especialmente en un país donde las políticas migratorias han sido motivo de fuertes divisiones políticas y sociales. La propuesta, además, podría ser impugnada en los tribunales y generar un debate intenso sobre los derechos de los migrantes y el alcance del poder presidencial en materia migratoria.
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