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EEUU sanciona a tres sobrinos de Maduro por vínculos con narcotráfico
El Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes nuevas sanciones económicas y financieras a tres familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar vinculados con actividades de narcotráfico y de respaldar al “régimen corrupto e ilegítimo” que encabeza en Caracas.
12 de diciembre de 2025
El Gobierno de Estados Unidos impuso este viernes nuevas sanciones económicas y financieras a tres familiares del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quienes acusa de estar vinculados con actividades de narcotráfico y de respaldar al “régimen corrupto e ilegítimo” que encabeza en Caracas.
Mediante un comunicado del Departamento del Tesoro, Washington anunció que incluyó en la lista de personas y entidades bloqueadas a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Erik Malpica Flores, todos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.
Las autoridades estadounidenses señalan que Campo Flores y Flores de Freitas identificados en el pasado mediático como “narcosobrinos” fueron arrestados en Haití en 2015 y posteriormente condenados en tribunales de Estados Unidos en 2016 por narcotráfico.
Según el Tesoro, tras un indulto otorgado en 2022 bajo la anterior administración, regresaron a Venezuela y, presuntamente, retomaron actividades ilícitas que motivan ahora las nuevas sanciones.
El tercer familiar, Carlos Erik Malpica Flores, exvicepresidente de la estatal petrolera PDVSA, también fue incluido en el listado de sancionados por su supuesta participación en redes que facilitan ingresos al entorno del poder venezolano.
Este paquete de medidas no se limita a personas: seis compañías navieras y seis buques vinculados al sector petrolero de Venezuela también quedaron bajo restricciones, en un esfuerzo por limitar los recursos que, según Washington, financian operaciones ilícitas y fortalecen a la administración de Maduro.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, calificó las sanciones como parte de la estrategia estadounidense para revertir lo que describió como un intento fallido de acercamiento político a Venezuela por parte de la administración anterior, y para presionar al gobierno de Maduro a rendir cuentas por sus acciones.
La decisión se produce en medio de una intensificación de la presión de EEUU en la región, que incluye también la reciente incautación de un petrolero frente a costas venezolanas y la destrucción de embarcaciones relacionadas con redes de narcotráfico, acciones que han elevado las tensiones entre Caracas y Washington.
La medida fue acompañada por declaraciones del Departamento de Estado donde se subraya que los sancionados apoyan activamente al régimen que ha sido objeto de múltiples críticas por violaciones de derechos y prácticas antidemocráticas.
Analistas señalan que estas sanciones podrían complicar aún más las operaciones petroleras y financieras de Venezuela, además de profundizar el aislamiento del gobierno de Maduro ante la comunidad internacional.